Colombia posee tres pobrezas: la social, la empresarial y la institucional; pero solo una ha atraído la atención. Si queremos superar los problemas actuales, debemos trabajar en cada una de estas por igual. Esperemos que los candidatos presidenciales diseñen propuestas para superarlas.

En abril del 2021, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó al país que, en 2020, cerca de 21 millones de colombianos se encontraban en condición de pobreza monetaria. Es decir que a esa fecha 42,5 por ciento de la población no contaba con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades, que se estima deben ser 331.688 pesos. Valor bajo, con el que se esperaría que en el momento actual haya un porcentaje importante de la población, que, si bien posee un poco más que eso, está en una situación vulnerable.

Sin embargo, esta lectura nacional esconde verdades regionales. 13 de los 32 departamentos cuentan con una pobreza superior a la media nacional (42,5 %). Dos, el Chocó y La Guajira, tienen un nivel de pobreza monetaria superior al 60 % de su población, 64,6 % y 66,3 % respectivamente, para ser exactos.

Cifras alarmantes, sin lugar a duda. Pero estas no deberían sorprender tanto si tenemos presente que el nivel de desempleo del país a diciembre de 2020 fue del 14,4 %, habiendo llegado a niveles del 20,9 % en ese mismo año; y que el nivel de informalidad es cercano al 48 % de la población ocupada. Es decir, la pobreza, desde el punto de vista poblacional es grande, pero a su vez lo es el nivel de desempleo e informalidad.

Esto lleva a la pregunta: ¿se podría solucionar el problema de pobreza con más empleo? Se podría mitigar, sin duda. Por lo que es lógico pensar en que una alternativa de solución es la creación de empleo, que es generado por las empresas del país. Pero esto lleva al segundo tipo de pobreza, la empresarial.

Colombia posee poco más de 1,5 millones de empresas, las cuales, en su mayoría, 91,4 por ciento, son microempresas, es decir unidades empresariales que generan hasta diez empleos y activos inferiores a 501 salarios mínimos, algo así como 500 millones de pesos, según el decreto Decreto 957 de 2019.

Esta estructura refleja vulnerabilidad empresarial, como lo evidenció la pandemia, donde las empresas más afectadas fueron precisamente las microempresas, situación que se extiende por todo el país de manera desigual. 

Departamentos como Antioquia y Atlántico y la ciudad de Bogotá, son las regiones con menor número relativo de microempresas; mientras que Vichada y Guaviare son los que presentan mayor presencia de estas empresas, situación que acrecienta las diferencias que existen en la creación de condiciones para generar empleo.

Sin embargo, la creación de empresas está directamente relacionada con la concentración poblacional y las condiciones productivas de las regiones: vías, servicios públicos, conectividad, educación, salud, entre otros, condiciones que se crean gracias a la inversión pública; aspecto que nos lleva al tercer tipo de pobreza, la institucional.

Colombia está dividida en 1.102 municipios, donde 1.006 son categoría cinco y seis, que se caracterizan por tener una población inferior a los 20 mil habitantes, e ingresos corrientes de libre destinación de menos de 25 mil millones. Estos municipios poseen en promedio entre ocho y nueve empresas por cada mil habitantes. Es decir, se trata de municipios con grandes limitaciones.

Con tal estructura es difícil que el 91,4 por ciento de los municipios puedan, por sí solos, ofrecer las condiciones necesarias para suplir las necesidades de la población y de las empresas. Es decir, son municipios pobres. 

Estas tres pobrezas (social, empresarial e institucional) interrelacionadas crean un círculo vicioso. Dada la pobreza institucional, estos municipios no tienen las condiciones para atraer y desarrollar un tejido empresarial robusto, capaz de generar empleo, lo que se traduce en pocas condiciones que ayuden a superar la pobreza social.

Ahora bien, considerando que estamos iniciando la campaña presidencial y que todos los equipos programáticos están en búsqueda de diagnósticos e ideas para sus candidatos, es momento que exploremos estrategias capaces de convertir este círculo vicioso en virtuoso. 

Ello a través de estrategias para fortalecer los municipios, de manera que los alcaldes puedan estimular de manera efectiva la creación de empresas y la competencia al interior del mismo; empresas que generen empleo, que ayuden a reducir la pobreza de los municipios. Dicho de otra manera, estrategias que piensen en conjunto para las tres pobrezas y no solo en una.

Entre estas ideas estratégicas resalto:

• Canalizar recursos de regalías para fortalecer las condiciones de conectividad física y digital de los municipios, a fin de crear condiciones para las empresas que creen y generen empleo.
• Crear programas orientados a desarrollar pequeñas y medianas empresas, para lo cual las Cámaras de Comercio pueden jugar un importante papel, si se les exige que promuevan servicios de fortalecimiento empresarial, especialmente en aquellos municipios con baja densidad empresarial en su área de influencia.
• Crear programas de empleo solidario, capaces de articular las necesidades de empleo con las de mejorar las condiciones de los municipios para acoger empresas, programas como mejoramiento de vías y alumbrado público inteligente.
• Diseñar estrategias que promuevan la eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos públicos territoriales, tales como los servicios compartidos y la prestación de servicios vía Esquemas Asociativos Territoriales (EAT). Estrategias que, a su vez, ayudan a combatir la corrupción y fortalecer la confianza en las instituciones públicas.

Así mismo, el Gobierno podría considerar la creación del cuarto nivel de gobierno o nivel centrado en la prestación sostenible de servicios públicos, como lo ha recomendado la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (Ocde); relocalizar ministerios y agencias del Gobierno en municipios pequeños, de manera que estas sirvan de ancla para atraer población y desarrollar nuevos negocios en los mismos; y, por último, reconsiderar la ya hoy innecesaria categorización municipal definida por la Ley 617 de 2000, que no representa al 51,3 por ciento de los municipios del país, al menos en lo que a población se refiere.

¿Qué habrá pasado con la famosa misión de descentralización definida en el Plan Nacional de Desarrollo?