Por: Andrés Villota

Descalabros históricos como el de ENRON en los Estados Unidos o como el de INTERBOLSA en Colombia, tuvieron su origen en vacíos en la estructura de la gobernanza corporativa. La quiebra de esas empresas estuvo asociada a la ausencia de pesos y contrapesos al interior de las juntas directivas, ausencia de la acción de los órganos internos de control y por la alta concentración de la toma de decisiones en las operaciones de la compañía, en manos de un único administrador en la sombra.

El mercado financiero global, del que dependen las grandes empresas de Colombia como EPM, tiene unos estándares mínimos de calidad que le exige a los emisores de valores colombianos, estar alineados con las exigencias propias de la gobernanza, elemento fundamental en la toma de decisiones de inversión porque es la protección natural que tiene el inversor al asegurar la sostenibilidad de su inversión y la preservación del valor de la misma, en el largo plazo.

Por eso es tan importante la idoneidad de los administradores y de los miembros de la Junta Directiva de una empresa. En las grandes plataformas de información financiera de los mercados mundiales como Bloomberg o Reuters, siempre publican al lado de la información más relevante de una compañía, las hojas de vida del CEO y de cada uno de los miembros de la Junta Directiva. Su formación académica, su experiencia laboral y su conocimiento en la industria a la que pertenece la compañía.

Hablar de esto en un mercado bursátil como el de Singapur, Londres o Tokyo, es algo obvio que no necesita ni explicación, ni discusión. Pero en un mercado como el colombiano, con alta concentración en la propiedad de las acciones de una empresa, es necesario entender la importancia de la idoneidad del CEO y del nombramiento de los miembros de una junta directiva.

Varios intentos de empresas colombianas por enlistar sus acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) se han visto frustrados por la alta concentración en la propiedad de las acciones. El flotante es la porción de las acciones que no son de propiedad del accionista mayoritario que, en los mercados bursátiles más evolucionados, es mayor a la participación del accionista controlador. Eso quiere decir que la estructura de la Junta Directiva va a reflejar los intereses de la mayoría de los accionistas y no, la de uno solo.

El comportamiento de los precios, también, va a ser difícilmente manipulable porque se verá reflejada la voluntad de muchos accionistas y no de unos pocos, lo que hará más liquida la acción y la formación de su precio reflejará la voluntad real del mercado y no, la de un solo accionista. El accionista que concentra la propiedad en altos porcentajes sobre el total de las acciones en circulación tiende a volverse el único comprador o vendedor, por lo tanto fija el precio. Mientras que muchos compradores y muchos vendedores, informados, tienden a formar los precios de manera eficiente, transparente y perfecta.

La atomización de la propiedad de las acciones esta asociada al problema que significa la alta concentración de la toma de decisiones en la administración de la empresa, lo que afecta de manera grave el rumbo que pueda tomar una empresa por la ausencia de una estructura en la que exista el disenso, y se ejerza el control a través de la existencia de pesos y contrapesos, gracias a los que las decisiones corporativas reflejen los intereses de la mayoría de los accionistas, y no de uno solo.

Hasta en el manejo de las empresas es mejor la democracia que el autoritarismo de las dictaduras. Se asume que gracias a las diferentes visiones y aportes desde la experiencia de cada uno de los miembros de la junta directiva, las decisiones serán mas eficientes, útiles y representativas de los diferentes intereses. Y si a esa concentración le sumamos que los miembros de la junta directiva son personas sin experiencia o conocimiento en el desarrollo del objeto social de la compañía, el resultado esperado no puede ser el mejor en el largo plazo. Las reuniones de las juntas directivas deben tornarse aburridas cuando se encuentran personas sin conocimiento sobre la empresa, con un CEO que tampoco sabe del tema y que van a, simplemente, avalar las decisiones que son tomadas por el administrador en la sombra que, fue el mismo que los nombró en la Presidencia de la compañía y en la Junta Directiva.

Como era de esperarse, tratándose de una empresa con presencia en varios países de la región y con emisiones de bonos vigentes por un valor aproximado de USD$3.500’000.000, las Calificadoras de Riesgo globales se pronunciaron para informar a los inversionistas sobre los hechos que están ocurriendo en EPM. En mercados en los que EPM tiene emisiones de deuda, el mercado secundario de esa deuda se ve afectado. Los precios bajan. La emisión de los bonos pierde valor por que los tenedores de la deuda asumen un mayor riesgo frente a lo que está pasando por la incertidumbre sobre lo que le pueda pasar a EPM en el mediano y largo plazo. Si los tenedores actuales de los bonos, salen en masa a vender sus posiciones para evitar asumir el riesgo, el precio tiende a la baja porque los compradores estarán dispuestos a asumir ese riesgo, solo si la rentabilidad de esa inversión aumenta.

El papel de las calificadoras de riesgo es ser un validador reputacional y está en juego su credibilidad. Por lo tanto, deben informar al inversionista (que no sigue en Twitter al Alcalde de Medellín) sobre lo que está pasando para que tome decisiones en consecuencia. La baja en la calificación que le hizo Fitch Ratings a EPM, otorgándole una calificación de -BBB, la deja al borde de perder el nivel de “inversión” y pasar a ser consideradas sus emisiones con el grado de “especulación”.

Hasta que mega proyectos como el de Hidroituango no empiece a generar ingresos, muy seguramente la empresa se va ver obligada a realizar un roll-over sobre sus emisiones de deuda en los mercados internacionales, como ya lo hizo en julio del año 2019 con bonos por USD$ 500’000.000 que se vencían el 29 de julio del 2019. EPM tuvo que pagarlo con una nueva emisión de bonos que realizó el 18 de julio del 2019, por un valor de USD$ 1.000’000.000.

El año entrante, el 1 de febrero del 2021, tiene un vencimiento por USD$ 680’000.000 que, muy seguramente, va a tener que pagarlo con una nueva emisión. En ese momento, por la baja en la calificación (salvo que se tomen las medidas necesarias) el costo financiero para la empresa va a aumentar, lo que significará un incremento en el cupón que tenga que pagar por la nueva emisión de bonos.

Una posible solución, puede ser, democratizar la propiedad de la empresa a través de una emisión de acciones que se inscriban en la BVC, como ya lo hizo ECOPETROL y GEB, pero demoraría la solución a la crisis actual y aumentaría la incertidumbre. La otra, la obvia, es que la Asamblea de Accinistas revise el nombramiento del CEO y que al momento de nombrar a la nueva Junta Directiva que reemplace a la que renunció en pleno el pasado 12 de agosto del 2020, tenga en cuenta un criterio técnico y no, político. No se les olvide que la calificación de riesgo y las hojas de vida de los miembros de junta y del CEO, es lo primero que van a evaluar los inversionistas que, en febrero del 2021, van a suscribir la nueva emisión de bonos que va a tener que realizar EPM.

Artículo cortesía de https://elexpediente.co/